Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI
En el México actual, la legalidad parece haberse vuelto un asunto de conveniencia administrativa, donde basta con la firma de un acuerdo institucional para alterar de manera unilateral los preceptos consagrados en la ley. Lo verdaderamente alarmante es que, en esta ocasión, el golpe recae directamente sobre el patrimonio y el porvenir de miles de mexicanas y mexicanos que, tras décadas de entrega laboral, aspiran legítimamente a un retiro digno y con certidumbre financiera.
El pasado 21 de octubre, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un acuerdo que modifica radicalmente las condiciones de acceso a la llamada Modalidad 40. Este esquema permite la continuación voluntaria en el régimen obligatorio para aquellos ciudadanos que concluyen su relación laboral con un patrón, dándoles la oportunidad de seguir sumando semanas y aportaciones.
El marco jurídico es sumamente claro al respecto. El artículo 218 de la Ley del Seguro Social estipula sin ambigüedades que los asegurados que reúnan los requisitos pueden continuar cotizando por su cuenta con el último salario con el que se encontraban registrados o, bien, optar por uno superior. A su vez, el artículo 65 del Reglamento en la materia avala expresamente el derecho de elegir un salario más alto, siempre y cuando este no rebase el tope máximo establecido por la ley, fijado en 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Gracias a esta herramienta, incontables trabajadores han tenido la posibilidad de realizar un esfuerzo financiero propio,cubriendo las cuotas necesarias de su bolsillo para elevar su salario base de cotización y mejorar sustancialmente el cálculo de su pensión, un beneficio especialmente crucial para los adscritos al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Sin embargo, el IMSS ha decidido dar un viraje abrupto.
Con esta nueva disposición, las personas que soliciten su incorporación a la Modalidad 40 quedarán limitadas a registrar únicamente su último salario o, en el mejor de los casos,incrementarlo en un margen máximo de una sola UMA. En la práctica, esto significa que, sin importar el esfuerzo financiero, los ahorros o la voluntad del trabajador por aportar más para garantizar su futuro, el Instituto le cerrará la puerta a esa alternativa en las condiciones tradicionales.
Adicionalmente, se anula la alternativa de efectuar registros con efectos retroactivos. Si bien se respeta la condición de quienes ya se encontraban amparados por el esquema hasta el término de su contratación vigente, las nuevas solicitudes quedarán atrapadas bajo estas severas restricciones. Es aquí donde surge la gran interrogante constitucional: ¿Desde cuándo un simple acuerdo administrativo tiene la atribución legal de limitar o suprimir una opción explícitamente reconocida por la Ley del Seguro Social?
Cualquier estudiante de Derecho, conoce el principio de la jerarquía normativa. En nuestro ordenamiento jurídico mexicano, ninguna disposición de carácter administrativo puede, bajo ninguna circunstancia, contravenir,modificar o vulnerar lo dispuesto por una ley formal. Si bien las instituciones y dependencias gubernamentales poseen facultades reglamentarias y de administración, estas atribuciones operativas jamás deben traducirse en un cheque en blanco para mermar derechos adquiridos a discreción de los funcionarios.
En nuestro estado, diversas organizaciones sindicales —tales como la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Sindicato Minero FRENTE— han alzado la voz para manifestar su absoluta inconformidad, respaldando su rechazo con sólidos argumentos jurídicos y sociales. Si el Gobierno Federal considera que la operación de la Modalidad 40 presenta áreas de oportunidad o requiere ajustes estructurales, la vía correcta no es el albazo administrativo. Está obligado a transparentar sus argumentos, mostrar los estudios actuariales y financieros correspondientes y, de ser necesario, impulsar las reformas legislativas pertinentes a través de los cauces constitucionales establecidos.
El argumento institucional del IMSS se centra en la necesidad de frenar simulaciones y blindar la viabilidad financiera del organismo. Es un tema legítimo y complejo que merece un análisis riguroso; sin embargo, el combate a las irregularidades jamás puede constituir un pretexto arbitrario para castigar y limitar de golpe las opciones de cotización de quienes han cumplido cabalmente con las reglas del sistema a lo largo de su vida productiva.
Comprendo perfectamente que la estabilidad de las finanzas públicas requiere una visión macroeconómica y de sustentabilidad poblacional a largo plazo. No obstante, esto exige un debate nacional profundo y abierto sobre la dirección real del sistema de pensiones en el país, un problema complejo que de ninguna manera se soluciona estrangulando un derecho legítimo como la Modalidad 40. La justicia social no puede sacrificarse bajo la sombra de acuerdos de escritorio.