Ángel Román, actual rector de la UAZSobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI.
No hay espacio para la simulación: la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se encuentra al borde del colapso. La máxima casa de estudios del estado, el motor académico y cultural de generaciones enteras que hoy sostienen nuestro desarrollo, vive horas decisivas. Su valor social trasciende cualquier coyuntura o cálculo político, pero la inminente insolvencia amenaza con paralizarla.
Los números dibujan una radiografía sofocante. La UAZ necesita cerca de 700 millones de pesos para saldar sus compromisos operativos de fin de año, mientras arrastra un pasivo histórico que supera los 2,500 millones de pesos —más accesorios— con el ISSSTE y el SAT.
La crisis ya tocó la puerta de las familias universitarias. La Rectoría suspendió el pago de primas de antigüedad de septiembre, vulnerando a 494 docentes por un monto de 55.6 millones de pesos. Si no se consiguen recursos extraordinarios a la brevedad, el aguinaldo y otras prestaciones fundamentales estarán comprometidos. No estamos ante meras cifras presupuestales; hablamos de derechos laborales conquistados y del sustento diario de miles de trabajadoras y trabajadores.
A la par, el impacto social es abrumador: la UAZ alberga a más de 40 mil estudiantes. En cada aula hay historias de superación, jóvenes con la aspiración legítima de profesionalizarse y familias que ven en la educación pública su única vía real de movilidad social. Abandonar a la universidad es estrangular el futuro de la juventud zacatecana.
El Gobierno del Estado no puede ser un espectador indiferente; debe asumir una corresponsabilidad activa e inmediata. Reconocer los vicios estructurales de la universidad no puede servir de coartada para omitir la emergencia del presente. El saneamiento financiero de largo plazo es indispensable, pero no puede condicionar la respuesta urgente a la crisis actual.
Existen alternativas viables en las arcas estatales de libre disposición cuya viabilidad jurídica debe revisarse sin regateos. Hablamos de cerca de 500 millones de pesos en el Fondo de Contingencias, alrededor de 1,400 millones en el Fondo de Infraestructura y los recursos presupuestados para la cancelada obra del Segundo Piso del Boulevard, los cuales deben transparentarse y redestinarse. Nadie propone actuar al margen de la ley; la exigencia es explorar vías presupuestales legales para rescatar a la institución, en lugar de mantener fondos inmovilizados mientras los salarios universitarios se tambalean.
En el fondo, subyace una discusión sobre el convenio de financiamiento: Zacatecas debe replantear el esquema de aportaciones entre la Federación y el Estado para avanzar hacia un esquema paritario, suficiente y sostenible.
Por supuesto, la UAZ también debe rendir cuentas. La universidad está obligada a apretar el paso en transparencia, reordenar sus obligaciones presupuestales y trazar con su comunidad una hoja de ruta financiera de largo plazo. Sin embargo, sanear la casa no puede significar cobrar la factura al personal docente y administrativo.
La salida exige voluntad política inmediata: es urgente instalar una mesa de trabajo incluyente entre la Rectoría, el Gobierno del Estado, la Federación y las representaciones sindicales, fijando plazos breves, compromisos vinculantes y absoluta claridad de cara a la sociedad.
La emergencia financiera demanda rescate hoy; la viabilidad institucional exige una solución de fondo para evitar que cada cierre de año se convierta en una agonía recurrente. La UAZ requiere recursos, certidumbre y alianzas reales. Es momento de que el autodenominado Gobierno Humanista demuestre el peso de sus palabras con hechos.