Juan Manuel Zambrano Jiménez, presidente municipal de Ojocaliente, entrega peticiones de la gente de su municipio a Sheinbaum.
Sobre la pluma: Claudia Anaya es senadora de la República por el PRI
Siempre he mirado de frente a las y los zacatecanos. Entiendo la función pública como un compromiso que exige entereza, carácter y la determinación de dejar en segundo plano cualquier conveniencia electoral cuando lo que se debate en las calles es, literalmente, la vida y la tranquilidad de nuestras familias.
La crisis que atravesamos no admite matices. La embestida de la delincuencia organizada ha alcanzado niveles alarmantes. Ante este flagelo, los sesgos ideológicos y los colores partidistas resultan insignificantes. La violencia no pide credencial de afiliación: laceran por igual al comerciante que ve en riesgo el esfuerzo de toda su vida, a la juventud cuyo horizonte se estrecha por el miedo, a los hogares que viven en permanente zozobra y a las fuerzas de orden. En este último eslabón, los policías municipales se encuentran en una situación de vulnerabilidad crítica, al ser la primera línea de contención y, paradójicamente, los que operan con los presupuestos y materiales más precarios.
Bajo este panorama, la reciente visita a Zacatecas de la Presidenta Claudia Sheinbaum —como parte de su recorrido nacional con motivo del Segundo Informe de Gobierno— para encabezar la Mesa de Seguridad es un gesto relevante. Su presencia en la entidad reafirma que la emergencia de que nuestro estado debe mantenerse como una prioridad absoluta dentro de la estrategia del Gobierno Federal.
Sin embargo, dada la gravedad institucional del problema, la estrategia no puede permitirse puntos ciegos. Es imperativo escuchar a todos los mandos y autoridades que ejercen responsabilidades directas en territorio. No estoy de acuerdo con la exclusión a este encuentro a las alcaldesas y los alcaldes de la entidad. Son los gobiernos locales los primeros en percibir el impacto diario del crimen; son sus ediles quienes enfrentan las presiones del entorno violento y a quienes la ciudadanía le exige respuestas inmediatas, aun cuando carecen del personal y la infraestructura necesaria para responder.
Causa particular inquietud lo sucedido con el Presidente Municipal de Ojocaliente, quien acudió a dicho foro con la expectativa legítima de entablar un diálogo institucional y ser atendido. Los municipios no pueden ser dejados a su suerte ni condenados al aislamiento.
El Poder Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado están obligados a brindar respaldo, no distancia. Las alcaldías requieren apoyo presupuestal, labor de inteligencia, coordinación operativa estratégica y, ante todo, una sólida cobertura institucional. La seguridad pública es un derecho constitucional de los ciudadanos, no una prebenda geopolítica reservada para quienes comparten una sigla o pertenecen al grupo en el poder.
La dimensión del reto exige desmantelar cualquier postura sectaria. Zacatecas no necesita trincheras ideológicas; demanda representantes y funcionarios con la capacidad de entender que las pugnas políticas quedan en un plano irrelevante cuando la exigencia colectiva es el derecho a la paz.
El marco legal otorga competencias claras a cada orden de gobierno. La solución pasa por la articulación de esfuerzos entre la Federación, la administración estatal, los Ayuntamientos, el Poder Legislativo y los mandos de seguridad. Se trata de que cada nivel asuma la responsabilidad que la ley le asigna, en un esfuerzo integral que entregue resultados medibles a la sociedad.
En lo que respecta a mi labor parlamentaria, he formalizado la solicitud para integrarme a la Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República. Si bien he mantenido al tanto de la inseguridad que padecemos en nuestra tierra, estoy convencida de que este espacio legislativo me permitirá incidir de forma activa ante la Secretaría de Seguridad Pública federal.
No es un secreto para nadie que la administración estatal ha mantenido un esquema de marginación hacia quienes pensamos distinto o militamos en proyectos opuestos, lo he señalado con firmeza porque lo he constatado. Sin embargo, esa postura exclusionista no es una barrera para seguir gestionando y alzando la voz por Zacatecas. Mi compromiso es indeclinable con la gente, no con las agendas de facción.
La exclusión no debe definir el destino de nuestra entidad. Trabajar para que a Zacatecas le vaya bien, significa, hoy más que nunca, garantizar que las familias zacatecanas puedan recuperar la paz y caminar por sus calles sin temor.
