Sobre la pluma: Claudia Anaya es un política del PRI, actualmente senadora de la República.
En el análisis de la seguridad pública, los datos numéricos son indispensables. Una disminución en la tasa de homicidios representa un avance que debe señalarse y valorarse; sin embargo, gestionar la seguridad de una entidad requiere trascender la estadística básica. Es fundamental examinar la naturaleza del fenómeno delictivo, el poder operativo de las estructuras criminales y el tipo de armamento con el que desafían la autoridad.
Bajo esa perspectiva, los acontecimientos recientes en distintas zonas de Zacatecas —donde se emplearon artefactos explosivos contra las fuerzas de orden, resultando en lesiones a civiles y zozobra social— demandan un análisis riguroso.
No se trata de un hecho aislado ni menor. La incorporación de explosivos refleja una mutación crítica en la dinámica de la violencia: evidencia que el crimen organizado no solo posee armamento de fuego convencional, sino que ha escalado hacia mecanismos con una capacidad de destrucción y letalidad considerablemente mayor.
El impacto es aún más severo cuando este despliegue se dirige contra las corporaciones de seguridad. El mensaje subyacente es directo: existe una intención deliberada de confrontar la capacidad de respuesta del Estado, erosionar su autoridad y vulnerar el libre tránsito de la ciudadanía.
La evaluación de la seguridad no puede reducirse a la contabilización de víctimas. Es imperativo responder preguntas de mayor fondo: ¿cuáles son las modalidades empleadas para cometer los delitos? ¿qué grado de sofisticación presentan las organizaciones delictivas? y ¿qué tan destructivos son los recursos que utilizan?
Cuando el uso de ondas expansivas destruye viviendas y obliga al cierre de vías de comunicación, la violencia desborda el ámbito de los actores involucrados y golpea de lleno a la sociedad civil. Se fractura la movilidad comercial y personal, se propaga el miedo y se interrumpe la normalidad de quienes no tienen relación alguna con el crimen.
Por estas razones, la discusión pública sobre la seguridad debe ampliarse. La acción estatal no puede limitarse a la contención reactiva del evento coyuntural. Se requiere una investigación estratégica que identifique la procedencia de los explosivos, la cadena de mando que ordenó su uso y la estructura logística que sustenta estas operaciones, garantizando medidas contundentes para evitar que estas agresiones se vuelvan cotidianas.
Paralelamente, resulta prioritario resguardar a las fuerzas del orden. Los elementos de la policía, el ejército y la Guardia Nacional asumen riesgos extraordinarios en su labor diaria. Si la delincuencia organizada incrementa la potencia de su armamento, las instituciones están obligadas a fortalecer en la misma proporción sus facultades de inteligencia, prevención, equipamiento táctico, coordinación interinstitucional y capacidad de respuesta.
Ese es el verdadero reto institucional. Zacatecas requiere un debate sobre seguridad alejado de posturas triunfalistas o lecturas alarmistas. La entidad precisa certidumbre basada en datos rigurosos, instituciones consolidadas y una estrategia dinámica, capaz de anticiparse a las transformaciones del crimen organizado.
Si las narrativas oficiales sostienen que la entidad avanza hacia la pacificación, dicha premisa debe sostenerse no solo en los balances numéricos, sino en la capacidad efectiva del Estado para neutralizar la capacidad de fuego de los grupos delictivos.
La verdadera tranquilidad ciudadana se alcanzará cuando el tránsito por las carreteras del estado sea seguro y ningún grupo criminal conserve la capacidad operativa para transformar una vía pública en un escenario de conflicto de alta intensidad.
