Sobre la pluma: Claudia Anaya es una política de origen zacatecano senadora de la República.
Los eventos oficiales operan bajo una lógica milimétrica: todo está ensayado. Las porras, las cifras alegres, el presídium y los aplausos construyen una burbuja de optimismo donde las metas siempre se cumplen y los compromisos se dan por saldados. El problema viene cuando el protocolo termina y la realidad, sin filtros, alcanza a los gobernantes.
Esto fue exactamente lo que ocurrió en la reciente visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas.
Mientras el discurso oficial celebraba los avances del Plan Nacional de Frijol, afuera de la burbuja, un grupo de productores abordó la camioneta de la mandataria para pedirle algo elemental: ampliar el acopio de sus cosechas, porque muchos, se quedaron fuera. La respuesta presidencial, grabada y viralizada rápidamente en redes, se redujo a cuatro palabras que calaron hondo: «Ahí para la próxima».
Esa frase sintetiza la brecha que separa a la narrativa gubernamental de la vida cotidiana en el campo zacatecano. Por un lado, la numeralia de la Federación es sólida y defendible: el programa de acopio creció de una meta inicial de 57 mil toneladas a 96 mil, con una ampliación posterior que rozó las 106 mil toneladas. Se operaron cerca de 2 mil 600 millones de pesos y se padronó a más de 11 mil pequeños productores.
Sin embargo, es de todos conocidos que hubo innumerables manifestaciones y bloqueos de las organizaciones campesinas que advirtían que el programa se había corto. No solo porque el cupo autorizado fue insuficiente para la producción real, sino por las fallas logísticas de siempre: escasez de costales, lentitud en los centros de recepción que generó cuellos de botella y, lo más grave, la prevalencia del coyotaje que la propia Cuarta Transformación prometió desterrar.
El gran objetivo de este esquema era eliminar al intermediario para que el pequeño productor recibiera un precio justo. No obstante, la denuncia recurrente en las regiones productoras es que los «coyotes» se anticiparon, compraron barato a los agricultores asfixiados por la necesidad y luego entregaron ese grano al programa oficial, quedándose con la ganancia. Una acusación de este calibre no puede quedarse en la anécdota; exige investigación y auditoría.
Si el problema estuviera resuelto y las metas cumplidas, ¿por qué siguieron las protestas tras las ampliaciones presupuestales? ¿Por qué los productores tuvieron que arriesgarse a detener la camioneta presidencial para ser escuchados?
La respuesta no está en las hojas de cálculo, sino en la percepción de justicia. Un programa social puede colgarse medallas financieras y operativas en la Ciudad de México y, al mismo tiempo, reprobar en territorio al no generar confianza entre su población objetivo.
El reto de gobernar no se agota con presumir presupuestos históricos en un micrófono. Consiste en asegurar que el recurso llegue al eslabón más débil de la cadena y en mostrar sensibilidad ante el reclamo social. Mientras la 4T prefiera el eco de los aplausos en los templetes y despache con evasivas las exigencias de la calle, la contradicción seguirá expuesta: el verdadero diagnóstico del campo zacatecano no se escribe en los comunicados de prensa, sino en la incertidumbre de quienes hoy se quedaron esperando algo más que un «ahí para la próxima».
