Nada por la fuerza, todo por la razón

En el principal estado productor de frijol de México, la política de soberanía alimentaria enfrenta una prueba concreta y dolorosa. Decenas de productores de municipios como Río Grande, Villas de Cos, Calera, Fresnillo, Enrique Estrada y otros mantienen un plantón indefinido en el Congreso del Estado de Zacatecas. Tras irrumpir en la sesión plenaria, tomar la tribuna y generar momentos de alta tensión, los campesinos exigen soluciones reales al programa de acopio de Alimentación para el Bienestar (ex-Segalmex).

Sus demandas son claras, documentadas en minutas previas y repetidas en cada protesta:
Acopio adicional de entre 1,500 y 4,500 toneladas pendientes.
Respeto al precio de garantía de 27 pesos por kilogramo, tal como se prometió inicialmente y se acordó en mesas anteriores.
Entrega inmediata de miles de costales —reclaman al menos 10 mil— para poder entregar su producción.
Acceso directo a los centros de acopio, sin control de intermediarios (“coyotes”) que, según denuncian, han acaparado gran parte del volumen autorizado.
Cumplimiento efectivo de los acuerdos firmados en marzo y abril de 2026.

El gobierno federal ha respondido con una ampliación de 10 mil toneladas adicionales, pero a un precio reducido de 16 pesos por kilo, lo que los productores rechazan porque los dejaría en pérdida tras meses de inversión en la cosecha. Argumentan que gran parte de las 96 mil toneladas iniciales terminó en manos de intermediarios, dejando fuera a muchos pequeños productores.

El mayor punto de fricción radica en la ausencia de los funcionarios clave. Ángel Olaiz, responsable operativo de Alimentación para el Bienestar en Zacatecas, es el más señalado. Los productores lo acusan de no presentarse consistentemente a las mesas de diálogo pese a múltiples convocatorias, de falsear datos de acopio y de permitir o no controlar el coyotaje en los centros de recepción. Líderes como Rubén Hernández Muñiz, Isaías Castro y Fernando Galván han exigido su destitución o, al menos, su presencia para rendir cuentas. “Nos traen con puras mentiras”, es la frase recurrente. Olaiz se ha convertido en el símbolo de una ejecución que no corresponde a los anuncios de apoyo masivo al campo.

Funcionarios de alto nivel en el gobierno estatal, como el secretario general de Gobierno —pupilo cercano de Ricardo Monreal—, han participado en mesas previas y gestiones ante el gobierno federal. Sin embargo, en este momento crítico no están ayudando lo suficiente. Los productores los acusan abiertamente de priorizar otras actividades y, especialmente, de estar más enfocados en aspiraciones políticas futuras, como la presidencia municipal de Zacatecas para 2027. “Andan en campaña y no atienden el campo”, reclaman varios líderes, quienes exigen que dejen de lado las actividades proselitistas y se concentren en resolver el problema que afecta a miles de familias campesinas. Esta falta de atención está generando tensión innecesaria y podría convertirse en una crisis que ni el gobernador David Monreal ni la presidenta Claudia Sheinbaum merecen enfrentar.

A esto se suma la aparición de Jorge Rada Luévano, conocido como el “abogado del pueblo”, quien ha acudido a solidarizarse con los productores, ha propuesto rutas jurídicas y se ha ofrecido a llevar sus casos. Mi solidaridad con los campesinos frijoleros es total, pero me surge una duda genuina: ¿Rada sigue en nómina de Miguel Varela? Espero que no tenga un tinte político y que no estemos viendo a un precandidato o aspirante utilizando la defensa de los campesinos para fines propios. Porque ya estamos hasta la madre de gente que se sube a estas manifestaciones para autopromoverse. Este tipo de oportunismo solo resta credibilidad a una causa justa y legítima de los productores.

El conflicto ha escalado con bloqueos carreteros, plantones en Plaza de Armas y advertencias de radicalización —vías del tren, accesos al aeropuerto— si no hay respuestas concretas. Hay reportes de cosechas que se arriesgan a perderse por falta de acopio oportuno y de centros de recepción que operan con restricciones.

Este caso zacatecano ilustra los desafíos reales de las políticas rurales: aunque se anuncian compras históricas y se destinan miles de millones —el programa ha reportado casi 98 mil toneladas acopiadas en total y miles de productores atendidos—, la logística, la entrega de insumos básicos como costales y el control de intermediarios fallan en terreno. Los pequeños productores, que invierten sudor y recursos en la siembra, terminan durmiendo en el recinto legislativo o bloqueando vialidades para ser escuchados.

Más allá de los números macro de autosuficiencia, el día a día del campo muestra burocracia, desconfianza y brechas de ejecución. El discurso de “primero los pobres” y apoyo al productor se confronta con la realidad de trámites, favoritismos percibidos y funcionarios que no dan la cara con la urgencia requerida.

El conflicto del frijol no es solo un problema de precios o volumen. Es un termómetro de credibilidad en las políticas del sector primario. Si Ángel Olaiz no atiende directamente las mesas de diálogo con resultados verificables, si los funcionarios estatales de confianza no asumen su responsabilidad y ayudan de verdad sin distracciones políticas, y si figuras como Rada no logran demostrar que su involucramiento es puramente solidario y sin cálculo, el descontento puede extenderse y generar mayores presiones.

Los productores de Zacatecas no piden dádivas. Piden que se cumpla lo prometido: precio justo, acopio transparente y sin intermediarios que se lleven la mayor tajada. Mientras los responsables operativos sigan ausentes o percibidos como distraídos, y mientras oportunistas busquen capitalizar el enojo, el frijol zacatecano seguirá siendo más un símbolo de promesas pendientes que de soberanía alimentaria lograda.

Como decía Benito Juárez: “Nada por la fuerza, todo por la razón”.