

«Cuando las prioridades estan claras, las decisiones son fáciles».
Anónimo
➡️Acción de inconstitucionalidad
➡️1 mil millones de pesos a la basura: silencio institucional
➡️Drama oficialista
De salida
➡️Noemí Luna y Ricardo Arteaga, por la capital: Ray Moreno por el Distrito I
Acción de inconstitucionalidad.- Seamos claros. Lo que más molesta a los protagonistas de la Nula gobernanza sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no tendrán mochada. El pasado 13 de enero se resolvió en el Poder Judicial – con siete votos a favor y dos en contra- la acción de inconstitucionalidad 149/2024, tras la impugnación del gobierno federal a 3 artículos de la Ley ISSSTEZAC de 2024. El proyecto, presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahif, puso el dedo sobre el artículo 74 para que la modificación a la Ley al instituto de pensiones de Zacatecas, relativo a la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo, no afecte a 880 jubilados con ese beneficio antes de la reforma. Es decir, el gobierno estatal no puede aplicar de manera retroactiva la ley. Asimismo, se invalidaron los artículos 128 y 128 Bis. Sobre dichos artículos, los ministros consideraron inconstitucional condicionar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social del Instituto a su capacidad financiera o a criterios de austeridad.
1 mil millones de pesos a la basura: silencio institucional.- El duro revés al atropello legal contra los agremiados del ISSSTEZAC que concretó la LXIV legislatura, causó escozor. No obstante, hay incongruencias. Mientras la oficialidad plantea el apocalipsis del instituto, manda el nítido mensaje de que hay prioridades en el destino del dinero de los zacatecanos. El abogado Daría del Real expuso un punto de vista muy atinado en sus redes sociales. Cuestionó el empecinamiento oficial de construir un innecesario Segundo Piso sobre el bulevar Adolfo López Mateos de la capital. Uno de los protagonistas de la cancelación de dicho proyecto, recordó que se pensaban dilapidar, solo en una primera etapa, más de 3 mil 600 millones de pesos. Y pese a que nunca se concretó, sí se echaron a la basura alrededor de mil millones de pesos, dados a las empresas constructoras. Entonces, ahora resulta que «no hay, no hay» (David Monreal dixit), si cuando se trata de lo que deja, son muy creativos para exprimir el recurso público y como en caso del Viaducto Elevado, generar fondos para ello. Al respecto, mientras regatean un derecho constitucional, guardan silencio frente al ofensivo despilfarro. Recordemos que, de acuerdo al Convenio de Terminación Anticipada por Mutuo Consentimiento del Contrato Plurianual del Viaducto elevado, el Ejecutivo debió entregar a Calzada Construcciones S.A de C.V y Dragados del Sureste S.A de C.V,, un 15 por ciento de anticipo más la fianza de cancelación. Mil millones de pesos que se fueron por el caño al echar abajo una obra con la que según la encuesta que realizaron en julio de 2024 LEMA y grupo B15, respaldaba solo el 8.7 por ciento de la población.

