Sobre la pluma: Antonio Valentín Arguelles Rivera es un abogado especialista en Sistema Acusatorio Adversarial y ex candidato a magistrado de circuito en Zacatecas propuesto por el Poder Judicial
La semana pasada, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presionada por la inconformidad social, ordenó el congelamiento de ingresos para los legisladores y la eliminación de cualquier bono navideño. Esta medida responde al hartazgo ciudadano frente a los privilegios en un país donde la desigualdad es parte de la vida cotidiana. La JUCOPO buscó enviar señales mínimas de coherencia con el discurso de austeridad; sin embargo, que la dieta no se actualice desde 2018 es relevante, pero insuficiente para justificar incrementos en un clima social que exige congruencia antes que excusas.
La diferencia en prestaciones entre los trabajadores del Congreso y los propios legisladores es profunda. Comparada con la realidad de millones de personas que cada día salen a buscar el sustento, la brecha es abismal. Mientras la clase política presume renuncias simbólicas, para los trabajadores de a pie el salario define la estabilidad de sus hogares.
Esto no se limita a diciembre. La verdadera prueba será revisar el tamaño y la utilidad del gasto legislativo, con diputados que poco o nada aportan al pueblo que los eligió. La transparencia en portales y plataformas es un avance, pero la confianza ciudadana no se construye con documentos, sino con decisiones sostenidas en el interés público antes que en el cálculo político.
Una parte de los legisladores que dicen representarnos cobra caro el votar en contra de los intereses y libertades del pueblo. Levantan la mano solo para avalar políticas contrarias a la libertad, violentando la progresividad de los derechos humanos y entregando al régimen un control cada vez mayor sobre la ciudadanía.
El primer gran ejemplo lo vimos con la reforma —o sometimiento— al Poder Judicial, donde operaron bajo las órdenes del tlatoani. El resultado fue la pifia de la elección judicial, en la que el régimen favoreció a sus elegidos mediante su maquinaria electoral. Hoy lo vemos reflejado en decisiones de jueces y magistrados que contradicen constancias y principios básicos del debido proceso, generando espectáculos de desconocimiento jurídico en cada sesión.
Asimismo, la reforma a la Ley de Amparo mutiló la protección de la suspensión en el amparo indirecto y limitó la actuación de grupos vulnerables al restringir la definición de interés legítimo.
De igual manera, la llamada “ley censura” fue aprobada de manera exprés, sin escuchar a expertos. Con ella, diputados y senadores autorizaron que, sin orden judicial, se pueda rastrear tu geolocalización, tus compras en línea, tus redes sociales, tus llamadas y hasta tus transacciones bancarias.
Por último, la expedición de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se aprobó sin escuchar a agricultores, campesinos y ganaderos. Estos señalaron que las modificaciones afectarían la transmisión y renovación de concesiones de uso agrícola, al impedir que los derechos se hereden o se vendan junto con las tierras. Incluso advirtieron que se criminalizaría al sector rural. Las protestas y bloqueos en carreteras de Zacatecas fueron ignorados por los legisladores del régimen y sus aliados.
Colofón
Cada tres años —o seis en el caso de los senadores— los legisladores salen a las calles prometiendo escuchar a la gente cuyo voto ansían. Pero la doble moral se hace evidente cuando llegan a los recintos legislativos. Hoy vemos lonas y publicidad digital con supuestos informes legislativos que, en realidad, son escaparates para mostrarse como aspirantes a futuros cargos. Mientras tanto, su trabajo ha reducido derechos y aprobado leyes que centralizan el poder y buscan someter a la población bajo un régimen que no quiere rendir cuentas ni ser cuestionado.
La buena noticia, lector, es que los diputados y senadores pueden ser cuestionados. Podemos revisar su trabajo legislativo y decidir en las boletas si cumplen con nuestras expectativas. Si no lo hacen, podemos castigarlos con el voto, reemplazarlos y exigir que quienes nos representen lo hagan en favor de nuestros derechos humanos y no de sus intereses particulares.
Hasta aquí mi colaboración.
Soy Antonio Valentín Argüelles Rivera. Nos vemos la próxima semana.
