Sobre la Pluma: Alejandro Bonet Ordóñez es coordinador de El camino de México, plataforma política de Marcelo Ebrard en Zacatecas
El agua no miente: cuando el suelo se resquebraja, los productores no callan, y México entero siente el eco. Una carta abierta firmada por cientos de agricultores del centro-norte –sin nombres ni apellidos en portada, solo campos resecos como firma– llegó al Congreso hace nueve días con siete demandas que podrían salvar la reforma hídrica sin hundir la despensa nacional. No es un ultimátum; es un mapa de navegación para que la presidenta Claudia Sheinbaum navegue sin naufragios el derecho humano al agua y, de paso, el derecho de los mexicanos a comer frijol de Zacatecas.
Pliego petitorio: siete piedras en el zapato, siete puentes posibles:
1. La certeza jurídica. La iniciativa elimina la transmisión de derechos de agua entre vivos o herencias. Imagina una finca que vale dos millones porque lleva su pozo; de golpe, el agua se evapora con el dueño y el predio se queda en cien mil. Los productores piden no suprimir del todo la transmisión, sino ponerle candado: que solo se herede dentro de la familia, que no se venda a refresqueras ni mineras. Así el agua no se convierte en chip inmobiliario y la tierra sigue siendo patrimonio rural, no ficha de casino.
2. Las prórrogas. Hoy un concesionario planea cuatro años antes; la reforma le da seis meses, y ni siquiera garantiza el mismo volumen. En un país donde la sequía es calendario, esperar tan poco es como pedirle a un campesino que siembre en abril si la lluvia cae en julio. Proponen volver a cuatro años de plazo, pero con revisión técnica: si el pozo se tecnificó, si bajó la capa freática, si el agricultor mide su consumo con medidor real, se extiende sin drama. Nada de castigos por no regar al 100% un año de sequía; el agua no es reloj de asistencia.
3. Los trámites fantasma. Hay solicitudes de reposición de pozos que llevan doce años en Conagua, archivadas sin trámite. La carta exige que cualquier cambio no sea retroactivo: si ya invertiste medio millón para reubicar un pozo, no te lo quiten porque ahora la ley cambió. Es justicia temporal básica; nadie reconstruye un puente si mañana lo declaran río muerto.
4. La tecnificación castigada. Si un productor metió aspersores con subsidio parcial y ahora le reducen volumen porque no usó todo, se mata al gallo que pone huevos sustentables. Piden reconocer la inversión: medidores electrónicos, riego por goteo, sensores de humedad. Que Conagua premie, no sancione, quien ahorra agua de verdad.
5. El descanso de tierras. Rotar cultivos o dejar un predio en barbecho no es flojera; es ciencia. Pero la iniciativa interpreta no usar como desperdicio y rebaja concesión. Los productores urgen incluir en la ley que el descanso es práctica sustentable, verificable con satélite o drones. Así se evita erosión, se regenera suelo y nadie pierde agua por vagancia.
6. La balanza corporativa. Cerveceras, lecheras industriales y mineras consumen sin tope; un agricultor familiar sí. La carta no pide igualdad ciega, pide transparencia: auditorías anuales, límites porcentuales por cuenca, y que el excedente que no usan las grandes se redistribuya a pequeños. No es pleito, es aritmética: si sobra agua, que riegue maíz en lugar de publicidades.
7. El diálogo genuino. Proponen mesa técnica con productores, Conagua, ambientalistas y Congreso; que la dictaminación se atrase hasta abril 2026 si hace falta, pero que se haga con datos de campo, no de escritorio. Nadie quiere guerra; todos quieren agua suficiente para lavar platos y para que el frijol crezca.
Balance sin golpes: qué gana el gobierno si escucha
Si la presidenta ajusta estos puntos, la reforma no se hunde en el Congreso ni en los campos. Zacatecas aporta 22% del frijol nacional; Chihuahua, 15% del chile. Perderlos sería un boomerang: más importaciones, menos soberanía, inflación en la tortilla. Además, la tecnificación masiva que proponen los agricultores reduciría el uso de agua en 30% según estudios de la UNAM –más barato que construir presas nuevas–. Y la imagen: un gobierno que escucha al campo sin cederle todo, sino encontrando el punto exacto donde el derecho humano y el derecho a producir se abrazan.
Esos siete ajustes no debilitan la iniciativa; la hacen irrompible. Porque una ley que seca a quien cultiva termina regando descontento, y México ya no cabe más sed.
Y según los medios, Palacio ya escucha: grupos de trabajo con productores activos, ajustes en marcha –transmisiones preservadas, trámites no retroactivos–. La presidenta lo ve con buenos ojos, dice equidad no significa elegir entre sed y pan. Si sigue así, esta ley no seca nada… solo riega.
