Foto aérea de Poza Rica, Veracruz, luego de las inundaciones por las lluvias que empezaron el 9 de octubreChristian del Havre es un politólogo, político y capacitador certificado en SEP Conocer en Zacatecas.
«Los desastres naturales nos enseñan la fragilidad de nuestras construcciones, pero la solidez de nuestra virtud.» — Séneca
México se ha caracterizado por una respuesta reactiva ante los desastres naturales, a pesar de su ubicación geográfica entre dos océanos, la presencia de placas tectónicas activas que provocan sismos significativos y una diversidad climática que lo hace vulnerable a fenómenos extremos. Aun con este contexto, la política gubernamental ha sido, sexenio tras sexenio, más reactiva que preventiva o planificada.
La gestión de desastres naturales en México durante los últimos veinte años ha transitado por diversas etapas y enfoques, influida por los cambios en la administración federal y la evolución de los marcos internacionales de gestión de riesgos. Este periodo se ha caracterizado por la recurrencia de fenómenos hidrometeorológicos y sísmicos que han causado daños económicos y sociales considerables, así como por un cambio institucional crucial: la desaparición del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN).
Durante la mayor parte de este periodo, la actuación del Gobierno Federal estuvo marcada por un modelo con un fuerte componente reactivo, aunque respaldado por una estructura institucional y financiera robusta, representada por el FONDEN. Creado en 1996, este fideicomiso operó como el principal mecanismo presupuestario y fiduciario para la atención de desastres.
Su principal virtud era la disponibilidad y agilidad percibida de recursos para la reconstrucción de infraestructura (federal, estatal y municipal) y la adquisición de ayuda humanitaria tras una declaratoria de desastre. Al ser un fideicomiso, permitía la acumulación de recursos a lo largo del tiempo, conformando una «bolsa» significativa para enfrentar eventos catastróficos mayores, lo que brindaba cierta previsibilidad financiera en la etapa de reconstrucción.
La respuesta gubernamental ante grandes desastres —como la inundación de Tabasco en 2007, los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, o los sismos de septiembre de 2017— se caracterizó por una rápida movilización de dependencias federales (SEDENA, SEMAR, Protección Civil) y la inmediata activación del FONDEN. La coordinación intergubernamental y la capacidad de despliegue militar fueron fortalezas. Esto contrasta con lo ocurrido en las inundaciones de Tabasco en 2020 o el huracán Otis en 2023, donde, además de una respuesta gubernamental lenta, la reconstrucción fue cooptada por el chantaje político.
En 2020, el Gobierno Federal eliminó el fideicomiso del FONDEN, transfiriendo sus recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) bajo el argumento de combatir la corrupción, la opacidad y la ineficiencia, centralizando los fondos para asegurar su uso en programas prioritarios o en la atención directa de desastres.
Tras la desaparición del fideicomiso, el FONDEN continuó existiendo como un programa presupuestario sujeto a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto implicó un cambio fundamental:
1. Adiós a la acumulación:
Se perdió la capacidad de reunir un fondo plurianual significativo (la «bolsa catastrófica»), dejando la atención de desastres sujeta a la asignación presupuestal anual y a la disponibilidad de una partida específica, usualmente menor a la acumulada previamente. Por ejemplo, antes de su eliminación, el fideicomiso contaba con una bolsa considerable, mientras que el presupuesto anual del programa FONDEN ha sido consistentemente inferior.
2. Dependencia directa de la Hacienda Pública:
La atención a desastres quedó más expuesta a recortes presupuestales o a la reasignación discrecional de recursos, lo que introduce mayor incertidumbre sobre la capacidad de respuesta financiera ante eventos de gran magnitud.
El nuevo esquema, al depender del presupuesto anual, ralentiza el acceso y la asignación de fondos, afectando la rapidez de la ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción. Esto se traduce en una mayor vulnerabilidad para los estados y municipios, que deben esperar los procesos administrativos de transferencias directas.
El modelo del FONDEN garantizaba una capacidad de respuesta financiera probada y de gran escala gracias a la acumulación plurianual. El modelo actual busca un mayor control en el uso de los recursos (transferencia directa sin intermediarios fiduciarios), pero ha reducido la escala y agilidad financiera para la respuesta inmediata y la reconstrucción masiva. Además, ha incrementado la discrecionalidad del Ejecutivo en la asignación de fondos, lo que puede prolongar los tiempos de recuperación.
El reto pendiente —que compete a los gobiernos federal, estatal y municipal— sigue siendo la transición de un enfoque reactivo hacia una verdadera política de prevención y mitigación del riesgo. Mientras se anteponga el reflector político, jamás alcanzaremos una prevención efectiva.
