Es una verdad de perogrullo que a lo largo y ancho del territorio mexicano operan bandas delictivas que asfixian a la agricultura y el comercio, con redes infinitas de extorsión. ¿Se han preguntado qué porcentaje les llega de cada compra que hacemos? Porque detrás del incendio de una tienda, del incremento en el precio de las tortillas y desabastecimiento del pollo están las bandas criminales.

Esta semana los empresarios agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) afirmaron que el crimen organizado tiene controlados los precios y el abasto de alimentos en varias poblaciones (entre ellas, por supuesto, Zacatecas), hechos de violencia en su contra, robo y control de la comercialización de alimentos básicos.

El líder de la Concamin, José Antonio Abugaber Andonie, aseguró que se pone en riesgo la seguridad alimentaria, el abasto y que se incide negativamente en la inflación. El crimen organizado amenaza a proveedores de insumos y alimentos, deja sin transporte a la cadena de suministro; roba, quema y destruye los camiones que surten a esas regiones, no hay solución en el horizonte ni es algo que se pueda tapar con promesas del Presidente o de la nueva gobernanza.

La red y penetración en las economías locales es tan amplia que es imposible encontrar una transacción que no les beneficie directa e indirectamente. Según datos de INEGI las pérdidas por extorsión fueron de 359 mil millones de pesos, casi dos puntos porcentuales del PIB, mientras que las pérdidas por delitos cometidos a punta de pistola ascienden a 277 mil millones.

Por la diversificación de las actividades delincuenciales de los grupos del crimen organizado, encontraron altos ingresos en la extracción de rentas sociales, es decir, en la extorsión y el cobro de piso. Ahora al hacer las compras en el mercado así sea aguacate, limones o manzanas, no puedes saber qué parte de lo que pagas está destinada a pagar el cobro de piso, si se trata de mercancía robada o se le ha impuesto al comerciante un proveedor específico.

Por esto todas las personas nos vemos afectadas, desde el señor de los elotes, la señora de los tamales,los grandes almacenes y lxs consumidorxs. También quienes son profesionales por su cuenta, como carpinteros, tapiceros, barberos, mecánicos, etc. Solo que a este grupo se les exige también que distribuyan la droga, si se niegan son asesinados. Como consumidorxs no sabemos sí a quien compramos tiene relación con las bandas delincuenciales o son sus víctimas.

Apostar que solo la Guardia Nacional y el ejército combatan al crimen organizado, sin fortalecer a las policías locales pone situación de vulnerabilidad e indefensión a la población que se ha tenido que acostumbrar a la ilegalidad y al delito como formas de vida. El nivel de esta delincuencia es tan micro, tan a pie de calle, que a lxs que más y primero afecta es a lxs pobres, por eso observamos en las noticias que cada vez más grupos de poblaciones indígenas son flancos de los ataques del crimen.

La economía manchada de sangre es una verdad de la que casi nadie habla, encontrar una solución a esto no es fácil. Podría lograrse con voluntad política, pero no es sencillo saber cuando los criminales y los políticos (coludidos) están conviviendo o compitiendo.

En el caso de nuestro estado, donde la policía local está en total desventaja y desprotección, siendo objetivo de los criminales, con condiciones laborales precarias, difícilmente podrán encarar este tipo de estrategia criminal. Aunado a lo anterior, la increíble capacidad que tiene el crimen de mutar, es casi imposible que la policía local pueda enfrentarlos.

La ciudadanía como consumidora esta financiando a estas redes criminales, sin conocimiento. Sin información oficial a la mano, es difícil determinar la correlación de fuerzas entre la política y el crimen. La opacidad de la nueva gobernanza es una enorme dificultad para obtener datos duros y con ello, generar un diagnóstico que nos pueda aproximar a una solución. La respuesta no la tiene ni Obama.