El Presidente aceptó el pasado martes que cambió de opinión sobre el regreso de los militares a los cuarteles, la que fue su bandera desde que Felipe Calderón inició la guerra contra el narco. Si bien siempre refirió que el de la inseguridad y la violencia es un problema heredado –porque sabía perfectamente la situación del país cuando fue candidato- su declaración fue el reconocimiento entre líneas del fallo de su estrategia. Sin embargo, militarizar la seguridad pública por tiempo indefinido, sin una ruta complementaria y transversal alarma a muchos sectores de la sociedad.
Además, ha desatado una tormenta política al quebrar el pacto del bloque opositor PRI-PAN-PRD, al avalar la propuesta de la legisladora priista, Yolanda de la Torre,para que las labores de seguridad sigan en manos del ejército hasta 2028.Aunque es evidente el respiro que le ha dado a “Alito” Moreno, presidente del Revolucionario Institucional, el que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, no expongas más audios, es evidente el pacto.
A través de sus redes sociales Moreno Cárdenas, ha declarado que no acepta órdenes ni de aliados ni de adversarios. Quizá es más un mensaje para sus aliados, como el PAN, desde donde le lanzaron la advertencia: o retiran la iniciativa en el Congreso o se rompe el pacto de la oposición
La fortaleza hasta ahora de la oposición es que se mantiene unida (aunque no tengan propuestas ni hagan reingeniería al interior, para dar cara a la realidad del país), ahora esta unión se ha visto fracturada con la discusión por la militarización del país. Tanto en el PAN como en el PRI, hay división al interior, la violencia e inseguridad en el país siembra dudas razonables sobre la presencia de militares en las calles.
La próxima reforma a la constitución sobre las funciones de las fuerzas armadas que el presidente enviará al Congreso, la absorción de la Guardia Nacional a SEDENA, consumará la entrega de las labores de seguridad pública a las fuerzas armadas.
Es uno de los pasos más criticados y temidos de la sociedad, entre expertos en seguridad, partidos políticos, activistas en derechos humanos, observadores diplomáticos, periodistas, hasta historiadores (ninguna experiencia en el mundo de militarización ha terminado bien). Y, desde luego, la ciudadanía en general.
Las fuerzas armadas por su naturaleza, son un organismo disciplinado y con jerarquía vertical, sus elementos son estrenados para acabar con el enemigo, pero también es la organización que más violenta los derechos humanos. Desde que el ejército asume las funciones de seguridad los homicidios y desapariciones han aumentado. Los militares no asumen su responsabilidad cuando cometen homicidios de civiles inocentes, como el reciente caso de una pequeña de 4 años -caso que la oposición utilizasin escrúpulos para golpear al Presidente-.
Es cierto que el regreso del ejército en este momento a los cuarteles supondría un desastre, pues sería entregar el país a las manos de crimen organizado. Mantenerlos en las calles por tiempo indefinido y sin una estrategia complementaria no sirve de nada más para generar más violencia.
Si no hay un reducción real de la impunidad, si no existe una Unidad de Inteligencia Financiera fuerte -sin usos políticos- que reduzca el lavado de dinero y evidencia los vínculos entre políticos corruptos y el narcotráfico, sin una estrategia asimétrica que atienda cada realidad particular de México, sin programas sociales transversales y sin detener el tráfico ilegal de armas, de nada sirve que el país esté inundado de militares, al contrario es un peligro en el mediano y largo plazo.
