El caso de Debanhi nos ha conmocionado como sociedad, porque nos recuerda al horror que mujeres y niñas estamos expuestas todos los días al salir de casa o incluso dentro de nuestros hogares. Asimismo, evidenció la problemática que aqueja a todo el país en materia de procuración de justicia y actuación de las autoridades judiciales.
Es claro que las autoridades no han sido capaces de entender lo terrible y profundo de la violencia contra mujeres y niñas, no existe una política pública que busque, al menos, paliarla. Para tener contexto, en México desaparecen a diario 7 mujeres, 55% de ellas son menores de edad; ocurren 11 feminicidios, según las cifras oficiales; ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y en embarazos adolescentes (los últimos íntimamente relacionados).
Las recientes desapariciones de mujeres y niñas en Nuevo León demuestran como la violencia de género se ha complejizado. Desde que inicio la absurda guerra contra el narcotráfico, hemos sido testigos de cómo la brutalidad, la violencia e impunidad inundan todas las ciudades del país. La evolución de las violencias, siempre tiene que ver con la apropiación de territorios donde las mujeres también somos territorios de conquista; por ello, el incremento en delitos como la violación y los feminicidios. No es casualidad que en los estados con mayor control del crimen organizado pongan en estado de vulnerabilidad e indefensión a mujeres y niñas.
La diversificación de las organizaciones criminales ha sacado la violencia contra mujeres y niñas de los espacios privados a los públicos, desde 2009 son más mujeres las asesinadas en las calles, la brutalidad y la saña con la son cometidos también van en aumento. El informe del Comité contra la Desaparición Forzada señala que tomará 120 años identificar los cuerpos de las personas desaparecidas, sin tomar en cuenta las se añaden día a día. Asimismo, especifica “las desapariciones de mujeres tiene particularidades: sirve para ocultar la violencia sexual y feminicidio, reclutamiento, trata o explotación sexual”.
Las respuestas gubernamentales ante la actual crisis de desapariciones de mujeres y niñas no han sido suficientes. Se debe repensar la estrategia de seguridad pública, crear una base de datos que facilite las investigaciones, además de que este actualizada en todos los niveles de gobierno, capacitar al personal de las fiscalías para incorporen en su actuación las perspectivas de género e infancias. De lo contrario las estadísticas seguirán creciendo y nuestro miedo a ser las siguientes también.
Inconsistencias en el caso de Debanhi
No es necesario más que un poco de sentido común para saber que la investigación esta llena de los vicios que aquejan a todas las fiscalías del país: procesos burocráticos que implican la revictimización de la víctima y sus familias, omisiones en la investigación, falta de acceso a la información y deficiencias técnicas del personal pericial y policial, además teorías que no coinciden con los hechos.
El motel en el que fue encontrado el cuerpo de Debanhi fue cateado en 4 ocasiones, antes de su localización en una cisterna. La familia se pregunta si realmente estaba ahí el cuerpo desde el principio o fue colocado después, además de levantar sospechas si el o los asesinos estuvieran cerca durante todo el proceso.
Las mujeres y niñas desaparecidas en Zacatecas
En Zacatecas, 622 niñas y mujeres están desaparecidas o no localizadas; además, otras 24 fueron encontradas asesinadas. Problemática que se profundizó durante la pandemia, creció a una tasa de 200 por ciento. En lo que va de este año se han registrado 53 mujeres y niñas víctimas de este delito, siendo el 60% menores de edad.
Desde el primero de diciembre de 2018 a la fecha, 434 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y no localizadas en Zacatecas. Mientras en los últimos 7 meses, van 68. Ante la ausencia de políticas públicas y un presupuesto que le permita las instancias de procuración de justicia mejorar su actuación, no queda más que apelar a la organización y resistencia civiles para erradicar este flagelo.
