El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una diapositiva en la que se detalla como los hogares pagan casi cinco veces más el precio del kilowatt, en comparación con empresas de servicios e industriales, sin detallar que muchas usan además, otras fuentes de energía. 

La iniciativa de la Reforma Eléctrica se encuentra desde el 30 de septiembre en el Congreso de la Unión en espera de ser aprobada. Misma que condujera a nuevos acuerdos políticos y alianzas que podrán servir de ejemplo para otras iniciativas en lo que queda del sexenio.

AMLO se distingue de sus predecesores por su visión sobre el papel del Estado en los sectores estratégicos, como el energético. El Estado debe jugar el papel central y no como simple institución garante para regular el mercado. 

Por lo anterior, la 4T ha decidido desmantelar el marco institucional previo y recentralizar el sector eléctrico en la Comisión Federal de Electricidad. La realidad es que el país tiene déficits en capacidad de generación y trasmisión eléctricas, para sortearlas se requieren grandes inversiones en el corto y mediano plazo. La disponibilidad limitada y altos precios de la electricidad han sido un lastre para la competitividad en México.

Cabe preguntarse si AMLO está dispuesto a realizar las inversiones necesarias para el sector eléctrico y al mismo tiempo rescatar Pemex y universalizar los programas sociales sin incrementar los impuestos y/o la deuda pública.

Los gobiernos anteriores, quizá de forma pragmática ante la escasez de recursos fiscales, buscaron liberalizar el sector para atraer inversión y entendieron el papel del Estado como creador de instituciones, asumiendo la existencia de un mercado eficiente –algo que sólo ocurre en teoría-. 

Es una verdad de Perogrullo que quienes la impulsaron se llenaron los bolsillos con dinero del erario público y de las empresas. Como decía André Breton: “No intentes entender a México desde la razón, tendrás más suerte desde lo absurdo. México es el país más surrealista del mundo”, coincidía también Salvador Dalí. 

Las plantas de ciclo combinado a base de gas se han vuelto una de las principales fuentes de electricidad en el mundo, al ser las más eficientes por dólar invertido y las menos contaminantes de las fuentes fósiles. México cada vez produce menos gas y dependemos del gas importado. Por ello, depende del gas importado, para poder traerlo la CFE licitó una serie de gasoductos.

Asimismo, se buscaba capitalizar las ventajas comparativas para la generación de energías renovables, permitiendo cumplir con las metas de energías limpias de los acuerdos de Paris. En las subastas de largo plazo, donde se vendía la generación futura de electricidad a un precio predeterminado, los generadores de energías renovables podían asegurar sus fuentes de ingreso y, así, buscar financiamiento muy favorable a largo plazo. Este esquema permitió obtener los precios más bajos para energías renovables en el mundo. 

El error más importante en el pasado fue vender la idea de que la reforma energética bajaría el precio de la electricidad para los consumidores en el corto plazo.

La ideología y el nacionalismo de la 4T empieza a tener consecuencias reales como la escasez de gas natural. La solicitud de arbitraje iniciada por la CFE contra Infraestructura Energética Nova (IEnova) y TC Energía (antes TransCanada), cuyos contratos el presidente y el director de la CFE consideran abusivos, tiene al país en una crisis de desabasto de gas natural.

La escasez de gas natural y la caída en la inversión agudizaran los déficits en generación y trasmisión de electricidad, lo que a la postre se traducirá en el incremento de su precio. Lo que terminaremos pagando la ciudadanía, a través de mayores tarifas y/o un mayor subsidio pagado con nuestros impuestos. 

Una vez más el presidente está ante la oportunidad de corregir el rumbo y tomar decisiones con base en evidencia, y no ideología. Si esto no sucede, la crisis del sector eléctrico tendrá aún más consecuencias sobre la economía y el bienestar de las familias mexicanas.