En México la pandemia ha cobrado cientos de miles de vidas y ha repercutido gravemente en otras crisis que el país ya arrastraba antes del primer contagio. Una de ellas la violencia contra niñas, y niños.

En el contexto de violencia exacerbada, el 70 por ciento de los crímenes dolosos se comenten con armas de fuego, especialmente contra adolescentes. Derivado de la guerra contra el crimen organizado, la militarización de las fuerzas públicas ha llevado al incremento del uso excesivo de la fuerza por parte de las corporaciones. 

La idea equivocada de que el virus afecta menos a menores de edad, provocó que el gobierno federal fuera omiso en la atención de las niñas, niños y adolescentes, cuya atención y presupuesto disminuyó, lo que tendrá consecuencias a corto, mediano y largo plazo, que pueden ser devastadoras. Se pronostica un incremento de entre el 10 y 50 por ciento de la mortalidad infantil global, aumento en la desnutrición aguda, crisis alimentaria infantil, crecimiento de la pobreza y de la niñez trabajadora.

Otra estadística alarmante es la de los menores desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda reportó, del 1 de enero al 10 de diciembre de 2020, 3,225 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Se encontró al 69.4% de esos casos; las otras 988 personas de 0 a 17 años siguen sin ser localizadas.

La oleada de inseguridad y de violencia que ha azotado al país en los últimos días, nos afecta a toda la población, pero principalmente a las infancias. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) cada día son asesinados 7 menores de edad, en promedio 3.6 son homicidios dolosos.

Algo que es preocupante, la normalización por parte de la sociedad civil, que ven la muerte de adolescentes como una forma de justicia, sin pensar en el duelo que viven sus familias y en los escenarios que los llevaron a integrase a las filas del narco, en muchos de los casos, obligados.

De enero a mayo de este año han sido asesinados por armas de fuego 1 mil 51 menores de edad, según datos de Redim. Cifras oficiales registraron un alarmante aumento de delitos contra ese sector de la población  en 2020 con respecto a 2019; 27.7% en trata de personas; 21% rapto y 17.7% el de feminicidio.

De enero a octubre de 2020, 1 mil 971 menores de edad fueron víctimas de homicido; 1 mil 426 de corrupción de menores; 221 de trata de personas, 93 de feminicidio; 92 de rapto y 68 de secuestro.

La gravedad del problema es tal, que es difícil de dimensionar el efecto dominó, por eso el enfoque de atención de la pandemia debe abordarse como una sindemia, es decir, la suma de dos o más epidemias. 

El estado tiene una deuda con la niñez y la adolescencia mexicanas, que sólo podrá pagarse poniendo a este sector de población como prioridad con políticas públicas enfocadas y articuladas para restituir, proteger y garantizar sus derechos, no con demagogia. Se requiere cambiar la cultura patriarcal y empezar a ver  a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos.

La violencia sistémica que vive el país tiene sumergidas a las infancias, en un estrés tóxico permanente, además viven y crecen en condiciones donde aprenden que el poder se obtiene y se conquista sobajando a otros, es decir, el código de sus relaciones con otros es bajo patrones de violencia.

Según datos de INEGI 8 de cada diez familias no dejan salir a sus hijxs por miedo a la inseguridad. Por ello, es de vital importancia retejer el sentido de comunidad, recuperar las calles, los barrios, los espacios deportivos para que niños y niñas sean cuidados por toda la sociedad.