El 1 de diciembre el mundo conmemoró 40 años en la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida(Sida). Si bien fue un día para mostrar solidaridad con las personas que viven con la enfermedad, es necesario seguir uniendo esfuerzos para hacer más llevadera la realidad de quienes sufren por esa pandemia. También es buen día para recordar a las personas que lamentablemente han fallecido por males relacionados con el virus.
Ante la pandemia a causa del COVID-19, las autoridades y el sector salud se han enfocado en atender la emergencia, sin embargo, a la otra pandemia, la de Sida, se le ha dejado de lado a pesar de que ha evidenciado la desigualdad social, la precaria situación del sector salud, la violación de los derechos humanos y laborales de sus víctimas. Ante ese escenario desfavorecedor para las personas que tienen VIH, es momento de solidarizarnos para que se les garanticen los tratamientos y que su condición económica no sea un factor de exclusión.
Cada año las estadísticas registran más de nueve mil personas infectadas en nuestro país, de las cuales la mitad no lo sabe. Zacatecas es uno de los estados con menores incidencias de casos, en contraste con la Ciudad de México que registra elevadas tasas de contagio. Sin embargo, es necesario promocionar pruebas rápidas del VIH con campañas permanentes en los centros de salud, también asegurar que el presupuesto sea destinado a la detección y asegurar el tratamiento inmediato a la personas afectadas.
A 40 años desde que se detectó el primer caso de esa condición que ataca al sistema inmune, se han detectado más de 300 mil personas positivas en México. De esa cifra 80 por ciento son hombres y 20 por ciento son mujeres. El 95 por ciento, adquirieron la enfermedad por vía sexual. Actualmente, el 63 por ciento de los enfermos son personas de 30 años y más, un 33 por ciento, jóvenes entre 15 y 29 años, y un poco más del 2 por ciento, jóvenes de 15 años.
El costo del tratamiento se aproxima a los $ 45 mil pesos anuales, sin embargo, desde el 2003 se ha logrado el acceso universal y gratuito, que incluye a las personas que carecen de seguridad social, gracias a la lucha de activistas sociales, de colectivos que hacen un gran trabajo a favor de la población clave. Aún así, desafortunadamente se reportan decesos de casi 5 mil personas anualmente (CENSIDA, 2014).
Esa enfermedad degenerativa, ha sido causa de discriminación entre la Población Económicamente Activa (PEA), reflejada en la reducción de ingresos, violación de los derechos laborales, despidos y la exclusión de las empresas. Es necesario sancionar a toda empresa que solicite hacer pruebas de laboratorio de forma obligatoria y sin consentimiento para el proceso de contratación. Tal acción considera la violación de los derechos humanos y vulnera la dignidad de cualquier persona.
El Estado debe garantizar el bienestar social, la educación sexual, métodos anticonceptivos al alcance de los más vulnerables. El compromiso y la obligación de los tres órdenes de gobierno es erradicar la discriminación, sumarse a las campañas de prevención, y sobre todo garantizar que cualquier examen médico para la detección del VIH sea exclusivo para la protección de la salud, de forma confidencial y voluntaria.
