La educación en tiempos de la 4T nos muestra esta otra cruda y pavorosa realidad. Miles de niñas, niños y adolescentes son parte de las desigualdades sociales y las más atroces violencias.
¿Cómo se percibe la incapacidad de control sobre los más vulnerables? Recordemos que la actual pandemia por el SARS-CoV-2 (Covid-19) no es algo nuevo, millones de vidas se han perdido a lo largo de la historia; desde el sarampión, la gripe española, o la peste negra. Este virus también generará graves repercusiones, la mayoría inevitables. Las niñas, los niños y los adolescentes, son los más vulnerables.
Los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2018, señalan que el 49.6 por ciento de la población menor de 18 años en México vivía en situación de pobreza, un aproximado de 19.5 millones de personas. El 9.3 por ciento de las niñas, niños y adolescentes, es decir, cerca de 3.7 millones, vivían en pobreza extrema. Destacando que este sector presenta mayor prevalencia de pobreza respecto a la población en general.
Esta pandemia, se presenta en un contexto de crisis aguda, en donde millones de niñas, niños y adolescentes forman parte de las peores violencias y desigualdades a nivel mundial y en México se sigue demostrando que este sector sigue siendo “invisible” para algunos. Esta pandemia está generando graves consecuencias para todas las niñas y los niños en el mundo.
Porque como ya lo he externado, existe otra pandemia, la de la violencia, en donde niñas, niños y adolescentes son desaparecidos, torturados, violados y asesinados todos los días, en este país en donde la impunidad está a flor de piel. El confinamiento ha intensificado todas estas crudezas.
Ahora bien, hablando del sector educativo, la realidad es que muchas niñas, niños y adolescentes ya no podrán regresar a clases, para ellos esté ciclo escolar ya está perdido, la educación es limitada, en otros casos nula. La educación simple y sencillamente no es igual para todas y para todos.
Incluso, esta pérdida de empleos, la falta de sustento económico en las familias pueden incrementar la explotación sexual, los embarazos adolescentes, el trabajo infantil y los matrimonios infantiles, realidad mundial, pero en este país ¿cuál es la respuesta de este gobierno?
No existe política de Estado. Este nuevo modelo presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no garantiza su derecho a la educación. Niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades, en zonas alejadas, en condiciones de extrema pobreza, violencia, marginación, con graves problemas de desnutrición, en donde no existe el servicio de energía eléctrica. Para todas ellas y para todos ellos este derecho no existe.
Se requiere reforzar los sistemas educativos, hacerlos más resistentes, que se adapten a hacer frente a las diversas realidades, siempre contando con la protección y seguridad de las niñas, los niños y los adolescentes, fuera de la explotación, de los abusos, de las múltiples agresiones.